Costa Rica vive una crisis moral y de valores, crisis de gobernabilidad, crisis fiscal, la crisis se acentúa con la resolución de la Sala IV sobre el paquete tributario, que de todas maneras es una reforma fiscal regresiva y que no soluciona el déficit fiscal, que es un 4,5%, del PIB, y la reforma fiscal solo va a generar un 1,5% del PIB. Nos debe llamar reflexión que el Gobierno no tenga un plan B. Los recientes casos de corrupción en contrataciones de consultorías en el sector público y la evasión en el pago de impuestos por altos funcionarios públicos, el manejo de los recursos de la deuda política así como la corrupción en todos los ámbitos, el pago de dádivas que el año 2011 alcanzó la suma de ¢18 mil millones, el narcotráfico y lavado de dinero, la pérdida de valores como honestidad, transparencia y solidaridad. Aunado a que no hay rumbo claro para el país, con una gran problemática de gobernabilidad, afecta por el accionar de la Asamblea Legislativa, las contradicciones y mal manejo del Poder Ejecutivo, el partido Liberación convertido en una máquina electoral, sin ideas clara, la oposición fragmentada y sin líderes, por lo que necesario que se tomen las acciones necesarias con la participación de la sociedad civil, los partidos políticos, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, para poder sacar el país adelante. Se debe proponer una reforma fiscal progresiva, con impuestos directos, que afecte menos la clase media y a los pobres, se debe realizar una reestructuración del sector público, actualmente con más de 300 entidades, se debe propiciar la transparencia y rendición de cuentas, se debe cambiar la manera como se nombra el nivel gerencial y juntas directivas en el sector público.
Se debe mejorar la fiscalización del sector público para que realmente se enfoque a productos y servicios finales y al impacto para la sociedad y todos los costarricenses en aras de cumplir con el precepto constitucional de propiciar el bienestar general de las mayorías
Lic. Bernal Monge Pacheco
Consultor
Se debe mejorar la fiscalización del sector público para que realmente se enfoque a productos y servicios finales y al impacto para la sociedad y todos los costarricenses en aras de cumplir con el precepto constitucional de propiciar el bienestar general de las mayorías
Lic. Bernal Monge Pacheco
Consultor
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