Editorial 11 de abril del 2012

La imposición, el desconocimiento del clamor de la opinión pública, el saltarse etapas en esa carrera desenfrenada por lograr que los costarricenses paguemos más tributos mientras en las alturas no se paga lo debido, y mientras se exhiben contratos millonarios para los amigos del régimen, -o las amigas-, ha tenido un primer final con la decisión de la Sala Constitucional.
Una decisión que también dejó en claro el viciado trámite del paquete tributario, que con tanto entusiasmo celebró la presidenta y su aliado el PAC cuando se dio el primer debate, ahora nulo.
Es complicado gobernar con una atomización parlamentaria como la que los costarricenses decidieron escoger dos años atrás, pero queda evidente que es precisamente el control que esos diversos partidos realizan los que pueden proteger y defender a la población de abusos del gobierno central, y de las tentaciones de prácticas como las llegó a tener el PRI de México, cuando el poder busca imponer, desoye voces , y carece de solidez o autoridad moral suficiente, -como quiera vérsele-, para recetarle al pueblo lo que no se receta a sí mismo.
Cierto también que los procedimientos pueden ser engorrosos, extremos, al punto que conduzcan a la cuasi- parálisis pero es potestad de la mayoría parlamentaria y de un buen impulso del Ejecutivo limpiar tanta traba, tanta legislación asfixiante, tanto trámite muchas veces doloso.
Pero, lejos de eso, se aumenta. Ahora la presidenta quiere más leyes supuestamente para detener la evasión. ¡Pero si ni siquiera la ley anti corrupción ha detenido a su gente! Cartas de recomendación prohibidas que se giran, favoritismos que se afianzan, irregularidades que se disimulan y personajes cuestionados que son defendidos.
Al menos, la Sala Cuarta nos da un respiro.