entre líneas

Decreto de emergencia

Armando González R.agonzalez@nacion.com 12:00 a.m.13/05/2012

Basado en un decreto presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) contrató, sin concurso, las obras necesarias para construir la carretera paralela al río San Juan. Hoy sabemos de los presuntos actos de corrupción cometidos en la adjudicación de los contratos sin observar los usuales requerimientos de ley.

Surge, pues, la tentación de apresurar conclusiones y condenar al Gobierno por obviar los trámites habituales. Es una crítica injusta y peligrosa. Injusta porque ignora la necesidad de actuar con prontitud frente a la emergencia creada por la incursión nicaraguense en territorio nacional. Peligrosa porque en un caso similar, en el futuro, puede conducir al titubeo y la indefensión.

La carretera tiene el propósito de reafirmar la soberanía costarricense en la zona, proveer a sus pobladores de un importante aliciente para el desarrollo, mejorar su calidad de vida y disminuir nuestra dependencia del río San Juan como medio para el transporte de bienes y personal, incluyendo lo necesario para ejercer la vigilancia del área.

El decreto de emergencia, por otra parte, es también un mecanismo legal establecido, precisamente, para encarar contingencias sin necesidad de promover prolongados concursos públicos, con todas las oportunidades de dilación implícitas en el procedimiento habitual.

Para juzgar la necesidad y oportunidad del decreto basta preguntar si las circunstancias lo ameritaban. Imposible dudarlo si de por medio hay una amenaza a nuestra integridad territorial. El Gobierno debía actuar con prontitud. La firma del decreto es un acto de responsabilidad de la presidenta. El país no podía permanecer omiso e indefenso, víctima, en materia tan esencial, de los vericuetos de su complejidad burocrática.

El caso es análogo a la respuesta urgente exigida por los fenómenos naturales. Si hubo falta, no es justo buscarla en el decreto firmado por la mandataria. La omisión está en la supervisión y seguimiento, cuyo ejercicio era responsabilidad del ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez. Enterada de las omisiones en ese campo, la presidenta reclamó al jerarca su responsabilidad política; él la aceptó y presentó su renuncia.

Dos funcionarios del Conavi, dice la denuncia presentada ante el Ministerio Público, habrían traicionado la confianza en ellos depositada para agenciarse un ilícito provecho económico. La investigación debe conducirse sin tregua, vista la importancia nacional del proyecto donde se presumen las irregularidades. El Gobierno no está exento de responsabilidad, pero es necesario hacerla descansar donde corresponde y no sobre el legítimo mecanismo utilizado para enfrentar la emergencia.