Sintrajap ante refrendo de contrato con APM Terminals

DEMANDARÁN AL GOBIERNO POR NUEVO PUERTO EN MOÍN

KRISSIA MORRIS GRAY
kmorris@diarioextra.com

La Contraloría dio el visto bueno al contrato de la TCM, pese a que días antes los trabajadores de Japdeva pidieron que rechazara el acuerdo.

El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) se presentará hoy ante el Tribunal Contencioso Administrativo para presentar una nueva demanda contra el gobierno y la Contraloría General de la República, tras el contrato de licitación y el acto de refrendo de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), obra que cuenta con el aval contralor.
El contrato fue suscrito por el Consejo Nacional de Concesiones y la firma holandesa APM Terminals, que tendrá a cargo el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la TCM por 33 años, pues la inversión en que incurrirá la empresa es de $992 millones.
José Luis Castillo, secretario de Finanzas de Sintrajap, comentó que la acción que se presentará tendrá argumentos diferentes a la demanda efectuada meses atrás ante dicho estrado judicial.
Castillo reconoció que la medida es la primera de una serie de acciones que se tiene pensadas para más adelante.
Al consultarle sobre los argumentos que contendrá la nueva acción se limitó a responder que se hará referencia a la violación de la Ley de Japdeva y la Ley de Concesiones.
“Será una demanda completamente nueva, que no tendrá nada que ver con los argumentos presentados en la anterior o con la gestión planteada por la Cámara Nacional de Bananeros, pues consideramos que se ha incurrido en una serie de irregularidades”, enfatizó Castillo, quien añadió que se apelará a violaciones constitucionales.
El 8 de marzo anterior una representación de trabajadores de Japdeva protestó ante la Contraloría, donde le solicitó a la contralora Rocío Aguilar no refrendar el contrato.
Reiteró que el proceso debió declararse infructuoso o desierto porque en 12 de las 13 fechas en que se pospuso la recepción de documentos no participó ninguna empresa.
“La Contraloría reconoce que las fechas fueron pospuestas de forma irregular, pero justificó de manera irresponsable el acto apuntando que era un asunto de oportunidad y conveniencia nacional”, recalcó Castillo, quien añadió que “lo que se midió fue una supuesta oportunidad y conveniencia política y no efectuó su papel de fiscalizador del Estado”.