Lucha antinarco pone a prueba el escaso consenso en el Istmo
Centroamérica no solo afronta el flagelo del narcotráfico y la violencia asociada. Tras la cumbre de este sábado en Guatemala, sus países asumen ahora el reto de ponerse de acuerdo sobre estos temas, pese a sus marcadas diferencias sociales y económicas.
Tras una reunión en Antigua, Guatemala, en la que estuvieron ausentes los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, el resumen de acuerdos era a todas luces escaso.
La presidenta Laura Chinchilla intentó salir al paso de eventuales suspicacias y aseguró que la región sí está unida en lo obvio: la necesidad de sacar a la región de una espiral de violencia, muerte y delincuencia asociada a los negocios del narcotráfico.
El problema, a partir de ahora, es lograr que los seis países de la región acepten acciones conjuntas que no afecten sus propios intereses comerciales.
El principal asunto sobre la mesa es la eventual despenalización de la producción, comercio y tráfico de narcóticos, según lo propone el mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina.
Sin embargo, solo Costa Rica parece interesada en, al menos, discutir el tema. El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá ya mostraron sus reticencias y los tres primeros ni siquiera acudieron a la cumbre.
Queda la duda de si alguno de ellos teme que aceptar una iniciativa de este tipo afecte sus relaciones comerciales con el vecino mayor del norte: Estados Unidos.
Janet Napolitano, secretaria de Seguridad estadounidense, ya advirtió el mes pasado que su país no acepta la propuesta de la despenalización como una estrategia para frenar al narco.
Según un cable de ACAN-EFE de enero anterior, de los 2,9 millones de salvadoreños que viven fuera de su país, 2,5 radican en Estados Unidos, según el Mapa de las migraciones salvadoreñas que la Cancillería presentó en el 2011.
De acuerdo con ese documento, el 24% de los hogares salvadoreños recibe remesas de familiares que están fuera, las que hasta noviembre pasado sumaron $3.286 millones y de las que depende la economía del país, pues representan el 16% del producto interno bruto.
Queda ahora la otra propuesta: crear una corte penal centroamericana, que juzgue todos los casos de narcotráfico, secuestro, asesinato, extorsión, tráfico de armas y lavado de dólares asociados a la droga.
No obstante, se desconoce si el Istmo podrá conformar una nueva corte regional, en momentos en que la actual Corte Centroamericana de Justicia ya cumple dos décadas y solo la reconocen Honduras, El Salvador y Nicaragua. Guatemala, por su parte, no tiene jueces nombrados en esa entidad, y Costa Rica y Panamá ni siquiera aceptan su competencia.
Dicha corte, con escasas sentencias a su haber, le cuesta a cada país más de $500.000 anuales.
Otto Pérez habló este sábado de olvidar el “tabú” de despenalizar las drogas, para atacar los carteles de la droga. Pero el camino para el consenso parece tan empedrado como las callejuelas de Antigua, en Guatemala.
La propia mandataria Chinchilla lo advirtió desde el sábado, cuando la tarde caía en la vieja capital guatemalteca: “Sin lugar a dudas, no hay, y difícilmente va a haber, por lo menos en el corto plazo, una posición homogénea sobre el tema de despenalización. Pero nunca se pretendió que así fuera”.
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