EDITORIAL

EL EJECÚTESE A LA LEY ANTITABACO

Desde hace años el país no definía la forma de cumplir el compromiso internacional en la lucha contra el fumado, no fue hasta este año cuando la administración Chinchilla toma la decisión de darle el último empujón para concretar el acuerdo.

Si bien es cierto este es un paso importante, el capítulo no queda cerrado con esta acción. Aún falta que las autoridades definan con buen cálculo el reglamento para un adecuado ejecútese de la Ley antitabaco.

La norma aprobada por el Congreso establece sanciones para fumadores y establecimientos que incumplan con disposiciones tales como fumar en sitios no autorizados o bien que no acaten las normas de comercialización y promoción del producto.

También viene a incrementar los recursos por la venta de cigarrillos con la imposición de un tributo calculado en ¢20 por cada uno, o bien ¢400 adicionales por cajetilla, aunque hay quienes tienen dudas sobre a quién y cómo se debe cobrar estos impuestos.

Sobre los lugares prohibidos para su consumo se señalan sitios de trabajo, oficinas públicas, centros de salud y de estudio, estaciones de servicio.

A esos se suman otros donde el control será más difícil como casinos, bares, restaurantes, discotecas, sodas, cafeterías, paradas de buses y unidades de transporte público (buses, trenes y taxis), entre otros.

Precisamente a raíz de la nueva ley, la discusión ha girado en torno a cómo hacer efectivas todas sus disposiciones, especialmente en lo relacionado con el control en espacios prohibidos, pues aunque se reúna a la policía, funcionarios de Salud o municipales, es imposible tener tantos ojos en la misma función.

Aquí es donde el gobierno ha apostado a un cambio de mentalidad en los costarricenses para que seamos conscientes del daño que causa el humo del cigarrillo y seamos nosotros mismos quienes velemos por el sano cumplimiento de la ley.

Existe mucha razón en ello, pero la intención no puede convertirse en una justificación para no establecer encargados oficiales del control, ya que los ciudadanos no pueden aplicar las sanciones ni cobrar las multas.

La elaboración del reglamento es esencial para que no queden portillos que dejen disposiciones en el aire, para reforzar la no proliferación de un mercado negro del producto y para el cobro adecuado de los impuestos, pues de lo contrario la cura sería peor que la enfermedad.

Esperamos que en tres meses las dudas en torno a la correcta aplicación de la Ley antitabaco estén completamente despejadas y que exista una amplia difusión entre los costarricenses de cómo se piensa enfrentar este nuevo reto.