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SINDICATOS VATICINAN CONFRONTACIÓN SOCIAL
KRISSIA MORRIS GRAY
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Ante la marcha del 15 de febrero, en la que miles de trabajadores protestaron, los sindicatos consideran que el pueblo mostró su enojo ante varias decisiones del gobierno, al tiempo que señalan que se prevé que se desencadene una confrontación social. (Foto: Rándal Sandoval) |
Los sindicatos prevén que en el corto plazo se registrará un estallido social que provocará paros, huelgas y movilizaciones de la población, pues hay varios aspectos que afectarán a las familias.
Existe un desencanto de los trabajadores por el aumento salarial fijado de ¢5 mil que se aplica a la mayoría de la masa laboral, no así a los diputados los cuales tendrán un incremento de ¢150 mil y los profesionales en ciencias médicas, que sin contar los plus, contabilizarán alzas en los salarios base hasta de ¢13.000.
Además del tema salarial, los sindicatos están opuestos a la aprobación de un nuevo paquete de impuestos, en el que se le traslade a los trabajadores los costos de la crisis económica manifestada por el gobierno.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) comentó que “las cosas no se ven bien como se miran de abajo. Hay un problema de acumulación desigualdades. (…) Vargas reafirmó, además que hay un descontento muy grande, uno por el gremio policial pues los cuerpos policiales tienen problemas laborales muy severos.
MUCHOS INGREDIENTES
La Asamblea Legislativa aprobó, en primer debate, la Ley de Solidaridad Tributaria, pero la respuesta definitiva está en la Sala Constitucional.
Vargas insiste que el problema tributario no se resuelve con la creación de más impuestos, sino que se debe cobrar a los grandes deudores que son los que evaden y el eluden sus responsabilidades.
“Además del tema de salarios, la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la reforma fiscal, van a marcar un movimiento que va a tener enormes connotaciones nacionales y en eso debemos trabajar desde ya las organizaciones”, remarcó Vargas.
Por su parte, Juan Carlos Durán, presidente de la Federación de Organizaciones de la Caja y la Seguridad Social (Focass) fue enfático al determinar que “la reforma fiscal es un tema nacional de fondo, pero nos parece que el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla no tiene la fuerza para entrarle a una reforma realmente progresiva sino que más bien se apuesta por una reforma que busca cargarle los costos de la crisis a las clases populares”.
A esto añadió que “existe mucha inestabilidad social en el país y si la Presidenta de la República no hace una debida lectura social se estaría enrumbando hacia una seria confrontación social de fuertes proporciones de nivel nacional”.
COMO EN TIEMPOS DEL COMBO
Para los sindicatos, la marcha del 15 de febrero durante la cual miles de trabajadores de todo el país participaron contra varios temas entre estos alza salarial de ¢5 mil, el salario único y de la aprobación del plan fiscal fue el termómetro para la programación de actividades futuras.
Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), comentó que el pueblo externó su disconformidad contra el gobierno y por ello recomendó que el Poder Ejecutivo debería poner más atención.
“La gente sale para que el gobierno entienda que hay una muy mala administración de los servicios y que eso puede llevar a una situación grave de confrontación. Me llamó la atención de la reacción de la gente, me sentí que estaba en las primeras luchas del combo. No solo sentí una inconformidad por salarios.
Me parece que los asesores de la presidenta no le están diciendo al oído lo que en realidad debe darse cuenta. Ella no es mala, pero creo que sus asesores no están respondiendo, las personas que están liderando institucionales sociales y productiva piensan más en ellos que en la visión de país”, reafirmó Rojas.
Recalcó también que “no es que el país no tenga rumbo. Es que la capitana debe tomar las riendas y quitar a aquellas personas que no les están diciendo la verdad”.
“Estamos ante una crisis que no puede ser del sector público sino que del país, donde usted oye a los empresarios que no están de luna de miel. Creo que ella confía en gente que no está cumpliendo, por lo que está en momentos de pedirle a sus ministros la renuncia y que se deje a los mejores”, mencionó Rojas.
Beatriz Ferrero, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), añadió que el descontento es contra toda la política económica del país que golpea tanto la empleados públicos como a los privados.
“Creemos que si no hay apertura, el agua está para chocolate. La gente está muy molesta y los sectores daremos respuesta a los problemas. El problema fundamental es que el trabajador se siente inseguro ante la política tendiente a la eliminación de los derechos laborales y ningún derecho ha sido dado por beneplácito del patrono o gobierno sino que todo ha sido una lucha.
Tenemos por un lado ¢5 mil que en realidad nos están rebajando desde el salario, una política de empleo público tendiente a eliminar derechos adquiridos y en tercer lugar un paquetazo fiscal con un impuesto al valor agregado que es un impuesto directo al trabajador, entonces lo que usted ve es todo en contra el trabajador costarricense, lo que crea una gran efervescencia”, afirmó Ferreto.
